Ecuador: movimiento indígena y la revolución ciudadana

Floresmilo Simbaña, CADTM, 9 de enero de 2010

La información y la rendición de cuentas de las autoridades estatales son un requisito fundamental para la democracia. Pero si pensamos la democracia como un sistema político, una rendición de cuentas vía medios de comunicación dista mucho de ser diálogo. Sin participación social activa de los actores involucrados, en el mejor de los casos se reduce a una mera socialización, cuando no a propaganda pura y simple. En cambio, un diálogo implica proceso, debates, consensos y toma de decisiones. El levantamiento indígena convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el pasado 28 de septiembre y la posterior instalación de las mesas de diálogo entre el gobierno ecuatoriano y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE expresan de manera clara y práctica esta diferencia.

En términos más generales esta diferencia se ha expresado en la oposición del proyecto de la plurinacionalidad y la revolución ciudadana. En términos de democracia se traduce en que para los primeros ven su realización en el desarrollo dinámico y flexible del Estado, en tanto instrumento del poder de los pueblos, y en el reconocimiento y fortalecimiento de las propias estructuras de gobierno de la sociedad; mientras que para el segundo pone su realización en el fortalecimiento y centralización del Estado como sujeto político y la ampliación, léase universalización, de los derechos formales de la ciudadanía.

Pero la democracia, en tanto sistema, implica la activación de la personalidad social, es decir la acción conciente de los sujetos en la generalidad de la cosa pública, no solo en los aparatos del Estado, y lo hacen mediante sus propias estructuras. Quizá a esto muchos podrán oponer el criterio de que un sistema así implica el debilitamiento, incluso la muerte del individuo y por ende de la ciudadanía. Como primer argumento podemos apuntar que cuando el individuo ha podido expresarse potentemente, y no sólo en lo político, sino también en lo artístico, científico, etc., ha sido justamente en momentos en que la personalidad social está activada; es por eso que podemos afirmar que la personalidad individual tiene mejores posibilidades de desarrollo cuando más se desarrolla la personalidad colectiva.

Desde esta óptica plurinacional, los sujetos de la democracia no se reducen al Estado y a la ciudadanía; van más allá, llegando hasta los sujetos colectivos y el autogobierno, donde la ciudadanía es uno de sus elementos, no su totalidad.

Justamente la visión de democracia y la diferente manera de posicionarse frente a ella son de los factores que más han conflictuado la relación entre el gobierno de Rafael Correa y la CONAIE. Ya desde la primera campaña electoral del 2006 se evidenció esta diferencia que empezó imposibilitando una posible alianza: Correa apelaba a las encuestas para decidir el binomio presidencial, mientras que el movimiento indígena planteaba un proceso de elecciones primarias. Una recreación en la formalidad de la democracia la primera; en la segunda, su dinamización y la potenciación de la participación y del accionar social.

La historia reciente

Pese a los acercamientos producidos por el respaldo a la candidatura de Correa en la segunda vuelta del 2006 y por la coincidencia en la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la relación se fue tensionando conforme se implementaban las políticas en concreto. De su parte, la CONAIE expresó su voluntad y exigencia política de dialogar con el gobierno |1| , sin obtener respuesta alguna.

En la Asamblea Constituyente, y con el 80% de escaños obtenidos por el partido de gobierno, tampoco se propiciaron espacios de diálogo. Por voluntad política del entonces presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, el bloque del Movimiento Plurinacional Pachakutik, del cual forma parte la CONAIE, fue invitado a participar en las reuniones del bloque de gobierno Alianza País, pero cuando las diferencias políticas entre Acosta y el gobierno se volvieron contradicciones y fue obligado a “dar un paso al costado”, el inicial proceso de diálogo también fue cortado. La salida de Acosta de la presidencia de la Constituyente implicó la salida de Pachakutik de las reuniones conjuntas.

Con la pugna por la plurinacionalidad, y particularmente por el reconocimiento del “derecho al consentimiento previo” en la nueva Carta Magna, las diferencias se tornaron conflictivas. Desde entonces –y hasta el levantamiento de septiembre– ya no hubo diálogo alguno, más bien todo lo contrario. Con el tratamiento de varios proyectos de ley (soberanía alimentaria, seguridad, hidrocarburos, etc.), y con las reformas a la institucionalidad del poder ejecutivo (respecto del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, de la Dirección de Salud Indígena) las cosas únicamente empeoraron.

El trámite del proyecto de ley de aguas llevó el enfrentamiento a su grado más alto, incluyendo acusaciones y descalificaciones. La CONAIE no sólo planteó observaciones al proyecto de ley del gobierno, propuso el “diálogo nacional” para construir el Estado plurinacional, sobre la base de consensos. El presidente respondió acusando a los dirigentes de “intentos de desestabilizar al régimen”, de que actuaban movidos por el desconocimiento de la propuesta y de que no representaban sino al 2% de los ecuatorianos, aludiendo la legitimidad de la organización indígena |2|. A pesar de ello, en la Comisión legislativa de Soberanía Alimentaria, donde se tramita este proyecto de ley, se abre un espacio de diálogo entre los legisladores de Alianza País y la organización indígena. El trabajo avanzaba pese a las dificultades, pero cuando se llegaba a los temas trascendentales, llamados “los nudos críticos”, los delegados de los asambleístas oficiales decían que no podían resolver, porque “eso se decide en otras instancias”; cuando se consultaba con los propios asambleístas la respuesta era “que algunos temas estratégicos escapaban a su decisión”. Por todo esto la CONAIE decide retirarse de esas mesas de trabajo en la Asamblea y anuncia que no conversará sino con el Presidente, que es quien decide.

El levantamiento por el agua

Los hechos vividos en esta coyuntura son de mucha complejidad. Hasta el lunes 28 de septiembre, día de inicio del levantamiento, en general se daba la apariencia de que las cosas no variaban del esquema “normal” de movilizaciones, especialmente en este periodo del gobierno de Correa. Alrededor de las 17h00 la situación cambia abruptamente; cuando la inicial curva ascendente de la movilización se desarrollaba dentro de lo previsto, el presidente de la CONAIE, Marlon Santi, anuncia un posible diálogo con el presidente de la República y decreta la suspensión de las movilizaciones, desatando con ello la confusión y el malestar en las organizaciones provinciales. El martes todo indicaba una profunda derrota y desbandada de la CONAIE, agravadas por el desconocimiento del ejecutivo a cualquier espacio de diálogo.

La primera reacción vino de la Amazonía, el presidente de la Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, desconoce el anuncio de Santi y afirma la decisión de esta regional de mantener el levantamiento, haciendo énfasis en que los objetivos de la lucha son la defensa de los derechos territoriales y la oposición a las políticas extractivistas del Estado. De su parte, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI, reunida en asamblea y luego de un duro debate en el que las diferentes organizaciones manifestaron su inconformidad con la actitud política y unilateral de la dirigencia nacional, insistieron en que la suspensión del levantamiento fue un error grave que desactivó la creciente movilización que estaba provocando en las comunidades, y reafirmaron que, si bien el agua es la cuestión central de la lucha, habían otros temas igual de estratégicos que representan conflictos de importancia, como la necesidad de una reforma agraria y la educación intercultural bilingüe, entre otros. Por tales consideraciones, y porque la Amazonía seguía en movilizaciones, había la necesidad de reactivar el levantamiento. El anuncio desde la amazonía de la muerte de un miembro de la nacionalidad Shuar aceleró las cosas y la asamblea decretó la movilización hasta que el presidente de la República se siente a dialogar para enfrentar todos estos problemas.

La primera cosa que devela este proceso es que, si bien el agua es un elemento central y estructural para cualquier sociedad, lo es más para un país agrario como el Ecuador, y, en segundo lugar, que el agua puede concentrar muchos de los conflictos desatados por una “época de transición”, pero no es el único. La suspensión del levantamiento y su posterior reactivación no hizo más que sacar a flote esos otros conflictos que se represaron en la “larga noche neoliberal” y que la “revolución ciudadana” no está tramitando. Muy por el contrario, viene conteniéndolos en el marco de problemas administrativos y de pugnas políticas entre el gobierno y los “nichos de poder corporativos”. Pero tampoco el movimiento indígena supo interpretarlo adecuadamente.

El agua es un elemento que ha ido acumulando mucha conflictividad en los últimos veinte años, su desprivatización y redistribución son aspectos centrales para desmontar el neoliberalismo, pero el gobierno no ha querido enfrentarlo en toda su complejidad, seguramente porque involucra demasiadas cosas y sectores donde tiene compromisos: como la minería, por ejemplo.

Después de la estratégica lucha contra el Tratado de Libre Comercio con los estados Unidos, TLC (2003-2006), la lucha por el agua le ha permitido a la CONAIE rearticular e iniciar procesos de renovación de su proyecto político y su discurso, le ha permitido incluso algunas rearticulaciones y reestructuraciones organizativas, todavía débiles y poco orgánicas; con todas las contradicciones obvias que ello implica, es una posibilidad ya abierta, que le está permitiendo una nueva rearticulación con las comunidades de base y conexiones con el escenario político nacional; prueba de ello es que conforme avanza el tratamiento del proyecto de ley de agua propuesto por el gobierno, la CONAIE es la única organización social que ha logrado presentar un proyecto alternativo y sostener el debate y la presencia política.

En esto, el abordaje multidimensional del agua (económico, político, sociocultural, ambiental) reproduce una rearticulación programática más o menos amplia.

La problemática del agua fue tratada desde varias entradas: los aspectos ambientales de su manejo, las formas de uso, el derecho al acceso. Pero es en el enfrentamiento con el TLC donde se hizo evidente la magnitud de la privatización acaecida en los últimos 20 años, siendo los proyectos hidroeléctricos, mineros y la administración privada los que concentran el acceso al agua. Por lo tanto, la lucha por su desprivatización pasa a primer plano en el accionar del movimiento indígena campesino.

La disposición transitoria de la nueva Constitución, que dictamina el plazo de un año a parir de su entrada en vigencia (19 de octubre del 2008) para que la Asamblea Legislativa apruebe una nueva ley de recursos hídricos, obliga a concentrar el interés por el tema. Pero el gobierno decidió priorizar la Ley de minería, aprobada en enero del 2009, cuyo debate y tramitación aumentó la conflictividad y las diferencias entre el gobierno y la CONAIE. Una vez aprobada esta Ley, tanto el ejecutivo como el movimiento indígena iniciaron por separado procesos de debate del nuevo marco jurídico del agua. La CONAIE y el ECUARUNARI ya habían presentado su proyecto de ley de agua, conjuntamente con los proyectos de ley de biodiversidad y soberanía alimentaria, el 19 de noviembre del 2008, en medio de una multitudinaria movilización. Desde entonces se intensificó el debate con sus organizaciones de base, proceso que les permitió superar en mucho el marcado distanciamiento que existía entre las instancias dirigenciales y las comunidades de base.

En cambio, el gobierno encargó al Secretario Nacional del Agua elaborar el proyecto de ley de recursos hídricos; éste, a su vez, creó una comisión mixta, conformada entre delegados de SENAGUA y representantes de algunas organizaciones de regantes y ONGs que trabajan el tema. Redactado el primer borrador surgen discrepancias de contenido y procedimiento: el documento hecho por la comisión fue rehecho por la SENAGUA, fundamentalmente en lo referente a la nueva institucionalidad para el manejo del agua. Esta discrepancia finalmente termina dividiendo la comisión. En adelante el trabajo con la “sociedad civil” se centro en foros regionales, donde se socializaba la propuesta. En un momento el gobierno llego a presentar una propuesta que implicaba un Código Ambiental y de Agua, donde juntaban estos dos grandes temas, pero, ante el rechazo de las organizaciones sociales y fuertes discrepancias internas, hubieron de retirarlo y finalmente presentar oficialmente un proyecto de “Ley orgánica de Recursos Hídricos, uso y aprovechamiento del agua”, a tan sólo dos meses de que termine el plazo fijado en la transitoria constitucional.

Este hecho provoca un aceleramiento de los tiempos, y el debate alrededor del agua se intensifica y, como era de esperar, la pugna entre la CONAIE-ECUARUNARI y el Gobierno se caldea.

La ECUARUNARI responde convocando tres asambleas regionales (Otavalo, Salasaca y Cuenca). Según los dirigentes, en principio se esperaba la concurrencia de ochocientos a mil participantes, pero a las tres acudieron no menos de 7 mil. Esto, que en sí representa ya un hecho político, lleva a la organización a concluir que existían las condiciones para organizar un levantamiento, posición que fuera ratificada en Consejo Ampliado. La fecha para la medida es fijada para el 28 de septiembre.

Bajo la consigna “el agua no se vende, el agua se defiende” se dio las movilizaciones, que tras la sinrazón de la momentánea suspensión, su reactivación y la tragedia, termino con la instalación de las mesas de diálogos Gobierno-CONAIE.

El Estado constitucional y el Estado constituyente

El levantamiento “en defensa del agua” sorprendió a muchos, pero también visibilizó los dos flujos políticos todavía persistentes en esta coyuntura: el Estado constitucional y el Estado constituyente. El primero sitúa el sentido de aplicación de la estructura jurídica contenida en la Constitución como condición inapelable para garantizar derechos y organizar la sociedad y el Estado. De ahí que el principal argumento, no pocas veces utilizado como instrumento de presión, de los delegados del gobierno en las mesas es que “nada puede estar por fuera de la Constitución” y que, por lo tanto, “todo tiene que sujetarse a los derechos que en ella están”. El segundo flujo apela a la dinámica social en movimiento, tal cual se expresan en la realidad, y que ésta ha de ser la base y el fundamento para definir la institucionalidad del nuevo Estado Plurinacional.

Estos dos flujos sociopolíticos, que en el fondo son dos visiones distintas de la democracia, se expresan en las mesas de diálogo en medio de fuertes debates cargados de disputas políticas. Los delgados del gobierno organizan sus argumentos desde el flujo institucional y jurídico. Los delegados de la CONAIE van desde un “bloque de constitucionalidad” mucho más amplio (Derecho constitucional y Derechos internacionales) hasta la solución de las relaciones de propiedad en la producción y la economía.

Pero en su manejo también se evidencias sentidos diferentes: para los primeros se trata de que la racionalidad jurídica dote a la institucionalidad del Estado de la capacidad para organizar la sociedad; para los segundos, la lógica jurídica tiene sentido en tanto es útil para resolver la realidad conflictiva existente que viven los pueblos y sea esa dialéctica la que defina la institucionalidad del Estado.

Como podemos ver las mesas el levantamiento indígena por el agua y las mesas de diálogo pusieron sobre el tapete estas dos visiones respecto del carácter del proceso post-neoliberal y el modelo a construir, en cuyo centro está la democracia. La ECUARUNARI en su Congreso realizado entre el 17 y 19 de diciembre suspendió los diálogos con el gobierno por considerar que se encontraban en punto muertos y carentes de resultados y anunció movilizaciones. Es de esperar que esta nueva tención política abra puertas a un nuevo momento.

Notas

|1| Hasta antes de la instauración de la Asamblea Constituyente en Montecristi, la CONAIE envió varias cartas al Presidente de la República solicitando audiencia con el propósito de tratar propuestas frente a temas importantes como la política petrolera y los daños ambientales en la amazonía, lo agrario, la privatización de territorios por concesiones mineras e hidroeléctricas,…

|2| Kintto Lucas, en un trabajo publicado en http://www.rebelion.org, anota que “De las poco más de 5.000 comunidades indígenas, más de 4.600 están vinculadas a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y en particular al ECUARUNARI, que reúne a los pueblos Kichwas de la Sierra. Poco más de 200 comunidades se vinculan con la FEINE (Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos), unas 200 a la FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras) y 2 a la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios). En cuanto a las organizaciones campesinas, en su mayoría tienen una incidencia local, sin proyección nacional y con mínima capacidad de movilización”.
P.-S.

Floresmilo Simbaña es jurista y ex dirigente indígena. Actualmente es responsable del departamento de Tierras y Territorios de la ECUARUNARI e instructor de la Escuela de Formación de la misma organización.

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